El pleno concede a la empresa Clece el contrato del servicio de ayuda a domicilio por 892.000 euros

A.M.C. - REDACCIÓN
POZOBLANCO


La sesión plenaria que el lunes celebró el Ayuntamiento de Pozoblanco acordó aprobar el contrato de la ayuda a domicilio con los votos a favor de PP, Pozoblanco en Positivo, PSOE y CDeI, mientras que Cambiemos Pozoblanco IU optó por la abstención pero únicamente por considerar que debía gestionar el servicio el propio consistorio.

El pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco aprobó la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en virtud de la valoración que se ha hecho de las empresas que se han presentado por parte de la mesa de contratación y del comité de expertos.

El contrato tiene una cuantía de 892.000 euros y es anual con posibilidad de un máximo de dos años prórroga. Considerando los dos años de extensión del acuerdo, la partida que destinará el Ayuntamiento alcanzará los 2,6 millones de euros.

Un total de nueve empresas se presentaron al proceso de selección. En una primera fase, se descartaron tres y de entre las seis restantes se ha elegido a la firma Clece, que además es la que presta actualmente el servicio en Pozoblanco, según ha explicado el concejal de Servicios Sociales, Modesto Sánchez.

Una vez aprobada la propuesta por el pleno, esta quedará lista para su firma en junio. El acuerdo contempla la prestación de 71.365 horas de trabajo y la generación de 70 empleos, sobre todo en la categoría de auxiliares.

Hasta el 31 de marzo de este año, 193 personas, sobre todo mayores de 65 años, se han beneficiado de un servicio que también apoya a personas con algún tipo de discapacidad. En este caso han sido 28 usuarios.

Según Modesto Sánchez, “estas cifras nos dan una idea de la importancia que tiene la adjudicación de este contrato, pues de él se benefician muchas personas que se encuentran en situación de dependencia”.

La empresa Clece tiene su sede central en Madrid y pertenece al grupo ACS.

La sesión del pleno del Ayuntamiento el pasado lunes. /SÁNCHEZ RUIZ

APOYO A LA PESCA

La moción que llevó el PP sobre defensa de la pesca continental en Pozoblanco quedó pendiente para incorporar las aportaciones de los diferentes grupos de manera que ésta pasará a ser institucional.

En el documento, al que dio lectura el portavoz del PP, Santiago Cabello, se recoge el apoyo a la plataforma creada por la Federación Española de Pesca y Casting, la solicitud de medidas que remedien o palien la sentencia del Tribunal Supremo de marzo en la que amplía el catálogo de especies invasoras con la inclusión de, entre otras, la carpa común y la trucha arcoíris, con la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos y la prohibición de la pesca de las especies incluidas en el catálogo.

Tanto CP-IU y PSOE coincidieron en que la moción no tendría validez práctica así redactada y en CDeI pidieron incorporar dos acuerdos que horas antes se habían consensuado en la Mancomunidad.

Llegados a ese punto el portavoz del PP anunciaba que quedaba pendiente la moción para consensuarla y que fuera aprobada de forma unánime.

Sobre la cesión gratuita y temporal del uso del bar cocina y otras instalaciones al Club de Pesca de Pozoblanco, ésta se aprobó por unanimidad.

Por otra parte, en el pleno se ratificó un acuerdo de la Diputación de Córdoba sobre la disolución del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico para crear otra entidad en otra forma jurídica diferente. Ese acuerdo contó con los votos a favor de CP-IU, PSOE y PP y la abstención de CDeI y Pen+.

Igualmente, quedó aprobada la solicitud de inclusión de Pozoblanco en la Red de Ciudades Amigables de las Personas Mayores.

La moción de apoyo a la pesca queda pendiente para hacerla institucional. /SÁNCHEZ RUIZ

FACTURAS

En ruegos y preguntas, CDeI y PSOE pidieron al equipo de gobierno más transparencia sobre las facturas aprobadas y pagadas por el Ayuntamiento y, más concretamente, el portavoz de CDeI, Antonio López, decía que habían detectado la existencia de cuatro facturas pagadas a un negocio de la cónyuge de uno de los concejales del equipo de gobierno por importe de 251 euros.

Antonio López dijo que se dirigieron tanto a Secretaría como a Intervención para ponerlo en conocimiento y que desde estas áreas municipales se confirmó que se trataba de una irregularidad ya que por la razón de parentesco y de familia no era posible abonar ninguna cantidad.

Por ello, desde CDeI se pidió la dimisión del alcalde y del concejal Pedro García. La portavoz del PSOE, Auxiliadora Pozuelo, avanzó que estudiarían lo ocurrido para tomar una decisión.

En su intervención, la portavoz de Pen+, Rosario Rossi, dijo que se había devuelto la cantidad por parte de la empresa y reprochó a CDeI crear alarma y haber llevado al discurso personal “lo que no pueden reprochar en el político”, recordando el daño que podían ocasionar a esa empresa . Tanto Rosario Rossi como el alcalde defendieron la aplicación de la transparencia que ha permitido descubrir este “error” y dijeron que habían instado a los distintos departamentos a ser muy rigurosos en la aplicación de filtros para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, a la vez que rechazaba la petición de dimisión.

En su réplica, CDeI, por boca de su viceportavoz, Benito García, mostró su enfado por la intervención realizada por Rosario Rossi a la que reprochó que “usted me ha herido en lo más profundo” y recordó su obligación de poner en conocimiento de Secretaría e Intervención las facturas una vez detectadas ya que en caso contrario podrían incurrir en un delito.

Benito García del mismo modo rememoró un episodio en el que fue llevado al Juzgado y nadie se solidarizó con él, si bien aquella causa se archivó y no tuvo recorrido judicial.

García expuso que en el caso de las facturas lo habían puesto en conocimiento “de forma prudente” y sin llevarlo a los tribunales.

Antonio López ya había dicho que entendía que no había habido mala fe pero sí pedía las dimisiones “en base al código ético del equipo de gobierno”.