Cláusula suelo

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sábado, 24 de marzo de 2018 | 8:59 0

Cláusula suelo

JUAN PEDRO DUEÑAS SANTOFIMIA

Cuando el nuevo ciclón parece haber amainado la tormenta, aparecen spot publicitarios de determinados bufetes de abogados ofreciendo sus servicios para recuperación de lo indebidamente pagado por la denominada “claúsula suelo” y demás gastos, ofreciendo garantías que ya no se cree nadie, porque el gato escamado del agua fría huye.

Ninguna institución pública, bien de carácter administrativo, político, judicial o social, ha puesto en cuestión con anterioridad la ilegalidad de la práctica bancaria del abuso que venían cometiendo con el encubrimiento de la hoy denominada “clausula suelo” que introducían en las escrituras notariales bajo la denominación de “claúsula de límite a la valoración del tipo de interés aplicable, estableciéndose un interés nominal anual mínimo de xxxx” u otras denominaciones casi inteligibles para el ciudadano de a pié y que los notarios cuidaban muy bien de no explicarles, como sería su obligación). Ya admitida como ilegal cuando sus efectos han causado un daño irreparable.

Ahora, en una segunda fase, tras la aceptación por las entidades financieras de devolución de lo cobrado indebidamente por dicha claúsula, se resisten nuevamente a la devolución del importe de los gastos de las operaciones que se impusieron unilateralmente a los deudores hipotecarios, gastos de escritura, inscripción registral, impuestos, contratación de seguro de la vivienda por sus propias aseguradoras, uso obligatorio de la tarjeta de crédito y otra infinidad de claúsulas impuestas bajo condición de no conceder el préstamos si no eran aceptadas.

Ocurre que las cantidades a devolver por estos conceptos son de menor cuantía y los perjudicados se ven obligados a aceptar, en su caso, unas ofertas ridículas, sabedores de la dificultad que implica el acudir a los tribunales de justicia para reclamarlas, amén del retraso secular de la administración de justicia en resolver conflictos, lo que, como vulgarmente se dice: les va a costar el collar mas que el perro.”

Esto ocurre en el llamado Estado social, democrático y de derecho

Ante tal situación de desamparo, el gobierno se despachó con el Real Decreto 6/2012 se 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios

Medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos para que, en último extremo y con carácter voluntario para los bancos, éstos puedan aceptar la llamada “ dación en pago”, o lo que es lo mismo, entregar la vivienda a cuenta de la deuda pendiente con pérdida de lo pagado hasta el momento, que vendría a ser mucho mas de lo que hubieran pagado en concepto de alquiler si hubieren optado por este sistema .

La desdichada “crisis”, como de costumbre, la pagaron y están pagando los de siempre, los que solo gozan, en el mejor de los casos, de ingresos por su trabajo. La banca sigue ganando y si en algún caso tuvo pérdidas, se le rescata con el dinero de todos los ciudadanos.

El citado Real Decreto impone con carácter obligatorio a las entidadees financieras la aceptación en pago de la vivienda , siempre y cuando no se haya podido cumplir con anterioridad dos requisitos previos :

1.- Una carencia en la amortización del capital y una reducción del tipo de interés durante cuatro años y la ampliación del plazo de amortización.

– Lo que podríamos denominar como el último respiro para quienes aún no se hayan ahogado, pero que a buen seguro terminarán ahogándose.

2.- Que las entidades financieras hagan voluntariamente una gesto de reducción de la deuda.
– Algo así como suplicar al ladrón que te devuelva por favor parte del botín que te ha robado.
– Los requisitos exigidos para acogerse a este mal llamado “ Código de buenas prácticas “ ( ridículo e innecesario por cuanto la ley ya exige la buea fé como principio en la práctica mercantil ) se han establecido para aquellos supuestos familiares en que su estado económico esté en el umbral de la exclusión social. En definitiva, se pretende resucitar a un cadáver.
– Este es el Estado social democrático y de derecho que tenemos, por eso no es necesario preguntarse porqué el pueblo se está echando a la calle:
– Ejecuciones hipotecarias aplicando contratos ilegales
– Politización de la justicia
– Corrupción política
– Blindado del pago de la deuda por encima de las necesidades humanas
– Pérdida del valor adquisitivo de los pensionistas
– Equiparación salarial entre hombres y mujeres.
– Rescate de la banca y de las autopistas
– Fraude en la contratación laboral, con sueldos indecentes.
– Paraisos fiscales, con beneplácito y perdón de lo defraudado

– Y un largo etcétera que se haría interminable y que a la vista de la actuación de nuestros políticos se hace de dificil solucción. Por eso debe ser el pueblo que los ha puesto quien tome conciencia de lo que nos espera si siguen gobernando estos corruptos, ineptos, sinvergüenzas e inmorales, pues si esperamos a que el cáncer se haya expandido en metátasis, el mal no tendrá cura.