¡Regáleme un máster, señora Cifuentes!

MARÍA RODRÍGUEZ TARANCÓN


Recientemente, hemos atendido a uno de los mayores fraudes políticos de nuestro país en los últimos tiempos: el Caso Cifuentes.

Todo comienza a mediados de marzo de este año en una clase de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Un profesor pide a sus alumnos que saquen sus móviles y lean la exclusiva sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Yo soy la persona que está detrás de todo ello”, replica orgulloso.

Este profesor, al que actualmente conocemos bajo el pseudónimo de profesor P., afirma que filtró el caso Cifuentes como venganza contra la URJC, debido a la corrupción presente en la misma. Por lo que, cuando recibió información donde se le aclaraba que Cifuentes había sacado su máster de forma fraudulenta, decidió investigarlo.

Aprovechando un acto en el que la presidenta de la Comunidad se retrataba como una política honesta ante la comisión de investigación de la financiación irregular del PP, el profesor P. decidió sacar el escándalo a la luz.

Para ello se basaba en tres pilares fundamentales que nos disponemos a presentar.

En primer lugar, Cristina Cifuentes se matricula en el máster el 21 de diciembre de 2011 cuando dicho plazo había terminado el 18 de septiembre de ese mismo año. En junio de 2012, los compañeros de máster de Cifuentes se examinan tanto de las doce asignaturas como del trabajo de fin de máster. Ella, ni se presenta a los exámenes, ni se deja ver por la universidad en todo el año.

Aún así, consigue cinco sobresalientes menos en la asignatura de “Financiación de las Comunidades Autónomas y las entidades locales” impartida por el profesor Pablo Chico, que le pone un “no presentado”.

A pesar de todo ello, el 2 de julio de 2012 Cifuentes defiende su TFM “El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana” trabajo que legalmente no se puede presentar si no se tiene todo aprobado y en apenas quince minutos, hecho que no resulta creíble ya que ese mismo día, por un lado, la delegada de Gobierno en Madrid coordinaba un dispositivo policial por la celebración de la Eurocopa que acababa de ganar la selección española de fútbol y por otro, el supuesto tribunal que la examinó se encontraba en Aranjuez inaugurando los cursos de verano de la universidad.

Dos años después, el 23 de octubre de 2014, una funcionaria (Amalia Calonge) cambia los dos no presentados (el de la asignatura pendiente y el del trabajo de fin de máster) por notables.

El siguiente argumento que el profesor P. defendió es que el acta de presentación del Trabajo de Fin de Máster presentado por Cifuentes el 21 de marzo de 2018 es falso. Se fabricó pocas horas después de haberse conocido el escándalo.

No solo eso, sino que dos de las firmas presentes en dicho documento (de Alicia López de los Mozos,

Clara Souto y Cecilia Rosado) eran falsas. López de los Mozos y Souto niegan haber examinado a Cifuentes, ni en el TFM, ni en cualquier otra asignatura por lo que, además del falso documento expuesto, en palabras de Javier Ramos, actual rector de la universidad, “no hay ninguna otra prueba documental en los archivos del centro que permita demostrar que la jefa del Ejecutivo autonómico defendió su proyecto de fin de curso. (…) No consta el acta en el servicio de posgrado pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio; tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar”.

Por último, salió a la luz información de gran relevancia como el hecho de que Pablo Chico fue colocado por el PP en el Ayuntamiento de Pozuelo o que Enrique Álvarez (director de máster de Cifuentes) fue un alto cargo de Rajoy durante el primer gobierno de José María Aznar.

Los distintos partidos políticos españoles han defendido su postura de manera clara y directa.

Mientras que PP se abstrae de tomar cartas en el asunto, Unidos Podemos y PSOE presionan a Ciudadanos para que emita una moción de censura contra Cristina Cifuentes.

Estamos en un momento en el que necesitamos que los políticos den la cara y actúen como se espera de ellos: de manera honrada y honesta. Porque no se puede clamar por una sociedad limpia si la base de la misma está totalmente corrupta. Y eso, es algo que en pleno siglo XXI aún estamos lejos de querer entender. 


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