La fina línea de la razón

Comparte

sábado, 27 de enero de 2018 | 7:36 0

La fina línea de la razón

JUAN PEDRO DUEÑAS SANTOFIMIA

La razón como consecuencia del análisis controvertido y sosegado se impone cuando se consigue el equilibrio de lo que debe ser en relación con los hechos producidos

Los hechos resultan ser los efectos del actuar, pero no siempre lo actuado se corresponde con lo justo. Una mayoría social con argumentos imprudentes y con poco o ningún fundamento, puede dar como resultado un mal social que no se corresponda con lo razonable, y aunque esa mayoría pueda, como de hecho así resulta, imponer obligaciones esas obligaciones serían contrarias al valor de lo justo y en consecuencia la sociedad debe reaccionar ante el peligro del daño que produce lo injusto.

Se emiten opiniones ( poco o nada fundadas) intentando imponer que lo correcto sea lo mayoritario confundiendo la obligación social que impone esa mayoría con la razón, expandiendo a fuerza de repetir y repetir una consigna consistente en que tal o cual cuestión no puede llevarse a cabo porque la mayoría social ha conformado tal o cual criterio sobre esos hechos inducidos.

Conviene recordar a esas “voces críticas “ que nuestra sociedad, ( toda, sin exclusión ) se rige por normas reguladoras de aquello que no se puede hacer o realizar pero se olvidan, por interés o desconocimiento que en el ámbito de las conductas sociales reguladas por nuestro ordenamiento jurídico, de la existencia de un principio no escrito( admitido por la jurisprudencia ) que es lícito todo aquello que las leyes no prohiban expresamente con la única restricción de que ese actuar no sea contrario al interés del orden público o causen perjuicio a terceros.

Resulta sorprendente que muy pocas voces autorizadas de este pais se hayan pronunciado acerca de esta cuestión de tanto calado social cuyo resultado incierto, de seguir por este camino, va a producir daños irreversibles a la sociedad en general.

Se están utilizando órganos como seres supremos de la verdad o de la interpetación cuyos informes deben ser de obligado cumplimiento atribuyéndoles así competencias exhorbitantes que influyen en la opinión confundiendo totalmente que una cosa es el informe que se emita por ese órgano, como elemento informador al organismo al que se deben, pero que tal opinión o criterio jurídico no produce efecto obligacional pues la obligaciones solo nacen de la ley escrita y vigente y si nuestras leyes no prohiben expresamente que un acto pueda llevarse a cabo utilizando los medios que la técnica nos ofrece, ese acto es legal, máxime si el efecto de ese acto trae causa de la voluntad popular lícitamente manifestada en un referendo o plesbicito.

Aplicado al caso de la toma de posesión del cargo como presidente de la Generalita de Cataluña, ese acto jurídico se consumaría con la toma de posesión, a partir de lo cual nacería un nuevo supuesto consistente en la posibilidad o no de su ejercicio y no cabe argumentar que no se puede ejercer el cargo, porque está prohibida su aceptación por el procedimiento técnico de la delegación telemática, puesto que la ley no lo prohibe expresamente. Siguiendo ese argumento podríamos afirmar que no se pueden construir viviendas sociales por el riesgo de que sean utilizadas con fines especulativos.

El tema nos está ofreciendo tantas oportunidades de debate social, del que podrían extraerse consecuencias favorables a la libertad y a la consolidación de nuestra democracia que, como en tantas otras ocasiones, los poderes fácticos están frivolizándolo conscientemente usando procedimietos torticeros e ilegales al extremo de que ni tan siquiera quieren llevarlo al debate de lo

estrictamente jurídico ante el fundado y oculto temor de que “ esos locos” puedan tener buena parte de la razón. Razón que bien pudieron haber perdido con su actuar anterior al 21 de Diciembre pasado en que nació una nueva legalidad que hoy se les impide utilizar mediante procedimientos coactivos y amenazantes incluo por parte de la Fiscalía General del Estado que lejos de ser el defensor de los interses generales se ha convertido en el órgano represor de un gobierno ilegítimo al que ya se le anuncia por la mayoría parlamentearia echarles a través de la moción de censura.

Esa mayoría parlamentaria, que debe representar la voluntad de un pueblo, está obligada legal y moralmente a unirse para evitar mas daño a la ciudadanía para lo cual es necesario que las bases del Partido Socialista ( que buena muestra dieron en la última cosulta ) exijan a sus dirigientes la necesidad de que se unan a ese ofrecimiento público de los demás partidos para llevar a cabo esa moción con resultado cierto y terminar ya con este calvario al que desde hace años nos tiene sometidos el Partido Popular al que los tribunales ya han calificado como “ organización delictiva”.

Es increíble.