El peligro del crecimiento desmesurado en el sector público

MIGUEL CARDADOR LÓPEZ
(Presidente-Editor)


La función pública es necesaria e importante, pero como todo en la vida necesita de un equilibrio, y más aún en estos tiempos, donde los políticos casi nunca aciertan con el crecimiento económico, quedándose casi siempre un 30% por debajo de lo calculado, con lo cual el déficit sigue creciendo peligrosamente.

Cualquier ciudadano ha podido observar en las diferentes entidades públicas, que existe una mayoría de buenos trabajadores, pero también una parte de trabajadores que están muy por debajo del rendimiento que deberían tener y que en parte por desidia no lo realizan.

La mayoría de estas entidades públicas donde hay un cierto número de trabajadores deberían tener un gerente, para que la gestión funcionarial fuera más rentable, controlando y exigiendo a los trabajadores que no cumplen con el mínimo exigido, de esta manera se podría ahorrar hasta un 18% del total del gasto en trabajadores públicos.

Igualmente los sindicatos deben cumplir una función lo más objetiva posible defendiendo los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo exigiéndoles sus deberes, ya que ellos son una parte privilegiada en lo que se refiere al trabajo y remuneración, comparados con la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas privadas.

También, para aquellos trabajadores públicos que incumplen con su trabajo de forma reincidente, debería existir el despido, ya que aunque habría que cumplir con la indemnización correspondiente, ésta se amortizaría con un buen trabajador en unos cuatro o cinco años.

El sector público lleva cinco años engordando sin freno, expandiéndose de nuevo sus plantillas y, por ende, el gasto por sueldos.

Los ayuntamientos empezaron a ampliar sus plantillas en 2013, y en 2014 lo hicieron el resto de administraciones, salvo la Seguridad Social.

Nuestro país cerró 2018 con 300.000 empleados públicos, más que los que había al finalizar 2013.

Las administraciones autonómicas son, con mucha diferencia, las que más están engordando sus plantillas. España tiene ahora 3,25 millones de empleados públicos, una cifra muy parecida a los que había cuando estalló la crisis, sumando administraciones, organismos, entes y empresas públicas.

Es curioso que a finales de 2011 había 400.000 asalariados menos, pero en el último lustro se han recuperado 300.000, número que llama mucho la atención, porque en la empresa privada, desde que comenzó la crisis y hasta día de hoy, ha mejorado muy poco, habiendo sectores privados donde el asalariado está proporcionalmente peor que a principio de los años 70, y además la población total ha disminuido.

El gasto de personal consume una gran parte del presupuesto público año tras año. Uno de cada tres euros que gastan las Comunidades Autónomas es en sueldos, unos 159.000 millones de euros al año, que se dice pronto.

Estos crecimientos pueden suponer un gravísimo problema a medio plazo, al dispararse el gasto público.

Para mí es importante que se creen puestos que aportan un valor añadido colectivo, en sectores como la sanidad, la educación, la investigación o las tecnologías.

Creo que debe de hacerse un plan de recursos humanos que defina claramente qué servicios queremos prestar y cuántos efectivos necesitamos para hacerlo.

Del total de trabajadores públicos, una cuarta parte son interinos, unos 842.000 en total. Dándose la paradoja o situación extrema en el caso de algunos enfermeros, que en un mismo año han firmado hasta 30 contratos. E incluso profesionales que eran contratados por días sueltos o tan sólo por horas, teniendo el caso más flagrante en un médico que fue dado de alta por tan solo 3 horas.

Otro grave problema es el que los políticos, en muchas situaciones y principalmente en los ayuntamientos, asumen el cargo de concejal de personal, sin tener ninguna experiencia en el cargo, limitándose a pasar de puntillas por el mismo dándole prácticamente igual que un trabajador vaya al 100% de rendimiento y otro al 50%. Su mentalidad es que él está de paso y mientras menos se complique muchísimo mejor, con lo cual hace un flaco favor, ya que el buen trabajador se va quemando poco a poco y el mal trabajador va cada vez haciendo menos, porque no hay nadie que le recuerde sus deberes de forma explícita, y como decía antes esto lo ha vivido cualquier ciudadano en alguna de las administraciones públicas.

Cuando comenzó la crisis prácticamente todos los economistas de rango se equivocaron al pronosticar que duraría unos 4 ó 5 años. Han pasado 10 años y en un 75% de las empresas no ha mejorado casi nada, y las perspectivas no son muy halagüeñas. Por todo ello es importantísimo crear empleo, pero no engordando de manera desmesurada la parte pública, porque en el sector privado ocurrirá todo lo contrario, que los impuestos crecerán y los palos en las ruedas serán mayores para que la mastodóntica estructura pública se pueda mantener.


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