Gran desconocimiento sobre las pensiones

MIGUEL CARDADOR LÓPEZ
(Presidente-Editor)


Como trabajador con 34 años en mi empresa con el cargo de encargado de recursos humanos, y durante los 20 años últimos especializado en todo lo que concierne con las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en el Régimen General, como en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), y siendo el editor de este periódico, me veo en la obligación de desmenuzar los pros y contras en lo que concierne a un tema tan importante en nuestro país como son el cobro de las pensiones.

Ahora que están en plena ebullición las manifestaciones de jubilados y algunos que van a las mismas sin tener la edad, y estando en su pleno derecho, con toda la humildad les recomendaría primero que se informaran bien, y segundo que no se dejen manipular por ningún partido político.

Desde que comenzó la Transición Política en nuestro país, donde quitando los primeros años de mandato de UCD, el resto de años gobernando se lo han repartido el PSOE y el PP, a mi juicio no se ha sabido ver con la suficiente anticipación que el problema de la financiación de las pensiones pasaría a ser muy complicado.

Lo primero que hay que decir es que las pensiones no las paga ningún partido que gobierna, las pagan los ciudadanos con sus cotizaciones a la Seguridad Social. Principalmente los empresarios que contratan a los trabajadores en el Régimen General, y también los mismos trabajadores con su parte de cotización, ya sean trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia, se dediquen a la función pública, estén integrados en el régimen general o en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social.

En otro lado están las pensiones no contributivas, que las cobran hombres y mujeres con bajos ingresos y que, o bien no han cotizado nunca, o tan solo lo han hecho algunos años. Aquí hay de todo, gente que es verdad que no ha tenido la posibilidad de cotizar, pero también otros muchos que han cobrado en negro en la llamada economía sumergida, y cuando han llegado a la hora de la jubilación se quejan, sin tener razón alguna.

Estas pensiones no contributivas desde el año 2013 ya corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y se financian vía impuestos y otros ingresos.

En el sistema contributivo un matiz claramente diferenciador y reseñable es el de los que cotizan en el régimen de autónomos, el de empleados del hogar y el por cuenta ajena agrario. Y aunque estos dos últimos (junto con otros minoritarios cuantitativamente), por un artificio nominalista los políticos y agentes sociales los integraron a efectos teóricos en el régimen general, lo cierto es que en la práctica los han diferenciado colocándoles el apellido “sistema especial”. Así pues un trabajador agrícola por cuenta ajena desde hace unos años oficialmente cotiza en el régimen general, pero dentro de éste en el sistema especial agrario, lo que significa que está muy lejos de las cotizaciones (y por tanto de las prestaciones) que le otorgaría el cotizar por el régimen general tradicional, el de toda la vida, el que no tiene el apellido añadido de “sistema especial”.

El problema de las pensiones es muy complejo, supongo que hay pocas varitas mágicas y resulta difícil encontrar la solución si se quiere financiar en el futuro íntegramente con el mismo sistema o método por el que se ha hecho hasta ahora. Primero porque la pirámide poblacional se ha invertido poco a poco al ser cada vez más larga la perspectiva de vida de las personas que acceden a la jubilación, con lo cual el número de pensionistas por jubilación está creciendo en proporción distinta a como debiera crecer el número de cotizantes para que las aportaciones de estos fueran suficientes para financiar las pensiones de aquellos. Y segundo porque pretender aumentar el gasto en seguridad social de las empresas en forma de aumento de las cotizaciones de las mismas, puede suponer un freno a la creación de empleo, pues muchas de ellas con todos los gastos que ya tienen se las ven y se las desean para poder ser competitivas y seguir sobreviviendo, con lo que un aumento de los costes por cotización podría suponer su inviabilidad y el cierre definitivo de las mismas.

Lo que no es de justicia ni de derecho es que las personas que llegan con 40 o más años cotizados, además de haber tenido una cotización más que digna, corran el riesgo de que les peguen un recorte de un 12 o 15% sobre lo que tenían que cobrar, que es lo que va a ocurrir en el futuro. Otra cosa distinta es que aquellos que han cotizado poco porque no les ha dado la gana a ellos de cotizar más, porque estaban pensando siempre sólo en el corto plazo y jamás en el futuro, cuando les llega la edad de jubilación pretendan tener derecho ahora a una pensión estupenda y maravillosa.

Aquí lo que debe quedar claro es que ningún gobierno paga las pensiones, las pagamos los empresarios y trabajadores. Lo que hacen los partidos junto con los diferentes agentes sociales es reunirse en el Pacto de Toledo y marcar las directrices de las mismas, que luego serán finalmente concretadas por el gobierno

Si se redujese un 50% la economía sumergida, y también el ingente y abusivo número de políticos profesionales y demás cargos en empresas públicas o en organismos, muchos de ellos perfectamente prescindibles, quizá las perspectivas de futuro serían menos oscuras. Un ejemplo revelador es el de Alemania, que aunque tiene un 80% más de población que España, proporcionalmente por cada político de allí hay cinco aquí.

Con estas medidas antes apuntadas, España dispondría de unos 60.000 millones al año, con lo cual se paliarían considerablemente muchos problemas estructurales de este país, aunque la solución yo creo que viene por tener la capacidad y el ingenio para que el empleo fuera creciendo con solidez y fuerza en España. Hay que buscar la manera para que haya mucha más gente trabajando y cotizando.

Luego está la demagogia de los partidos, que cuando están en la oposición dicen una cosa para alegrar los oídos de la gente y cuando llegan al gobierno hacen lo contrario. Si no ahí tenemos el claro ejemplo de Grecia y su “salvador” Sipras, íntimo de Pablo Iglesias, que por prometer prometió subir las pensiones y cuando llegó al gobierno las ha bajado de media un 30%.

Aclaremos que para cobrar en la actualidad una pensión digna se necesitan dos elementos esenciales: Uno, tener 35 años y seis meses cotizados para cobrar el 100% (pronto se necesitarán 37 años) y que la base de cotización mensual media de los últimos 21 años (periodo actual para el cálculo de la base de jubilación) esté sobre los 1250 €.

Con la mediocridad de políticos profesionales que tenemos, por no decir algo peor, la longevidad creciente, el descenso de la natalidad y la tardía incorporación de los jóvenes al mundo laboral, yo aventuro por desgracia que no solo va a bajar el poder adquisitivo de las pensiones, sino que en dos o tres lustros van a realizar recortes sobre los derechos de los pensionistas, además de aumentar la edad de jubilación a los 69 años y quitar la paga de viudedad al cónyuge que tenga pensión contributiva.

En este tema tan complejo, tan importante y serio como son el asegurar el cobro de las pensiones, los políticos no deben ser frívolos o mentir.

Yo pondría que al líder de cualquier partido que prometa cosas en este tema tendrá que hacerlo ante notario y si una vez en el gobierno no lo cumple, que durante 10 años lo metan a trabajar como operario en una fábrica o de jornalero en el campo con un sueldo de 1000 € al mes. Estoy seguro que entonces otro gallo cantaría y se morderían la lengua, antes de prometer y engañar, sabiendo que no van a poder cumplirlo.

Lo dicho, para cobrar unas pensiones dignas, todos tenemos unos derechos, pero también unos deberes, esto último lo primero para poder exigir lo segundo.


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